Hablar de minería en Panamá no es sencillo.
Como docente y como licenciado en biología, considero que uno de los mayores problemas que enfrentamos cuando discutimos este tema es que con demasiada frecuencia dejamos de analizar los hechos para convertir la conversación en una confrontación entre posiciones previamente establecidas.
Por un lado, encontramos a quienes presentan la minería como una oportunidad indispensable para generar empleo, inversión, exportaciones, ingresos fiscales y desarrollo económico. Por otro lado, encontramos a quienes la presentan como una actividad necesariamente destructiva, incompatible con la conservación de nuestros bosques, ríos y biodiversidad.
Ambas posiciones contienen elementos que merecen ser examinados, pero ninguna debería sustituir el análisis de la evidencia.
Por esa razón, mi propósito en este ensayo no es convencer al lector de apoyar o rechazar la minería. Mi propósito es mucho más sencillo y, al mismo tiempo, más exigente: distinguir entre hechos comprobados, afirmaciones parcialmente ciertas, riesgos científicamente sustentados, interpretaciones económicas, posiciones políticas y afirmaciones que no cuentan con evidencia suficiente para ser presentadas como verdades.
Esta distinción es especialmente importante en Panamá después de la experiencia de Cobre Panamá, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2023 y cuyas operaciones cesaron posteriormente. La sentencia no estableció que toda minería fuera inconstitucional en Panamá; declaró inconstitucional la Ley 406 de 2023 que aprobaba el contrato específico celebrado entre el Estado y Minera Panamá, S.A. (Corte Suprema de Justicia, 2023).
La Constitución panameña, por su parte, reconoce que las riquezas del subsuelo pertenecen al Estado y permite su explotación mediante empresas estatales, mixtas o mediante concesiones, de acuerdo con la ley. Esto significa que la existencia de minerales en territorio panameño y su posible aprovechamiento económico no constituyen, por sí mismos, una actividad prohibida por la Constitución (Asamblea Nacional de Panamá, Constitución Política, art. 257).
Por lo tanto, el verdadero debate debe ser mucho más profundo que una simple pregunta de "minería sí" o "minería no".
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- Jaime Gutiérrez (Autor:in), 2026, Minería en Panamá: entre la riqueza mineral, el desarrollo económico y la responsabilidad ambiental, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1772358
